jueves, 19 de noviembre de 2009

Salud pública


Todo esto del Obamacare tiene un beneficio y es que se debate sobre cuestiones importantes y se plantean alternativas que pueden llevar a soluciones que mejoren la situación actual. Hasta que se apruebe la reforma y entonces se acabará el debate. Porque una vez que el Estado tome las riendas de la Sanidad, como en España, ¿quién planteará alternativas a la financiación pública de la Sanidad? ¿Alguien se imagina qué se diría en España si un partido propusiera privatizar al menos en parte la atención sanitaria? ¡Fascista!

Y como es pública, el Gobierno tiene derecho a meterse en nuestras vidas ya que es la única forma de controlar el gasto sanitario. Como la gente no sabe lo que es bueno para su salud, se le prohibe hacer aquéllo que la perjudica. No porque sea malo para la persona, sino porque es malo para el sistema y a largo plazo lo hará insostenible. Como los individuos no soportan las consecuencias de sus comportamientos, no tienen ningún incentivo para mejorarlos. Así, leo en La Razón, que el Gobierno prohibirá la venta de bollos y refrescos en los colegios o que va a prohibir los regalos de juguetes en el "happy meal". Es lógico, la sanidad española está en serio peligro por varias razones: el envejecimiento de la población y el consecuente incremento del coste per cápita de los tratamientos sanitarios, el encarecimiento de los tratamientos especializados y los malos hábitos de la población (siendo tabaco y obesidad los problemas más graves).

Es totalmente incoherente, por tanto, pedir que el Estado sufrague y provea los servicios sanitarios de forma universal y gratuita y que a la vez no se meta en nuestras vidas.

Sala i Martín
(Libertad de Elegir, La Vanguardia 17/11):
Hoy empezaremos con un ejercicio. Piensen en las siguientes situaciones y alternativas: Primera, están en el supermercado y les atraen dos posibilidades: pechugas de pollo a 4 euros y langosta a 120. Segunda, pensando en la vivienda tienen que escoger entre un piso de 60 metros cuadrados en un barrio obrero (vale 120.000 euros) y una casa de 400 metros en Sant Cugat (coste: 3 millones). Tercera, su hijo tiene que hacer un máster en Administración de Empresas. De nuevo dos alternativas: Autònoma a 10.000 o Iese a 75.000 euros al año. Cuarta, se rompen una pierna y elmédico les dice que hay dos procedimientos: la tradicional escayola que le cura en tres meses (con un coste de 30 euros)ounas gotas mágicas que se acaban de inventar que suelda el hueso en tres horas (10.000 euros). Quinta, le han diagnosticado un cáncer y aquí también hay dos tratamientos: la radioterapia tradicional de 35 sesiones durante seis meses y una probabilidad de supervivencia del 80% (coste del tratamiento: 500 euros), la radioterapia de dosis única de última generación con una probabilidad de supervivencia del 90% (con un coste de 20.000 euros). La pregunta para ustedes no es qué escogerían en cada caso sino quién debe tomar la decisión: ¿ustedes o el Gobierno? Si la toman ustedes mirando sus preferencias y sus presupuestos, seguramente escogerán más omenos lo que les interesa. Si, por el contrario, decide el Estado, amenudo se equivocará, porque, para no discriminar, va a establecer las mismas reglas para todos y no van a entender que, a igualdad de ingresos, uno puede querer gastar mucho en langosta cada día y otro pueda preferir tener una casa más grande o pagar unos estudios más caros a sus hijos. En la España actual, está ampliamente aceptado que las compras del supermercado y las decisiones sobre vivienda las tomen ciudadanos. Eso sí, para garantizar que todo el mundo pueda comer y tenga una vivienda mínima, el Estado hace una redistribución previa a través de un sistema fiscal progresivo y de algunos subsidios. ... Finalmente, el tema más peliagudo: la salud. La opinión pública mayoritaria española no acepta que las decisiones sobre salud las tomen los ciudadanos sino que piensa que debe ser el Estado. Y así es como está organizado el sistema sanitario público. El problema es que, dado que el Estado debe pagar la factura de todos (con nuestros impuestos, eso sí), a menudo el mejor tratamiento es financieramente inviable: las gotas mágicas que sueldan el hueso en cuestión de horas y el tratamiento de radioterapia de dosis única son demasiado caros para administrarlos a todos los ciudadanos, por lo que todos acaban con el tratamiento de menos calidad. ¿Todos? ¡No! El sistema español permite que los ricos paguen de su bolsillo (o del bolsillo de su mutua) otros médicos y otros tratamientos más caros en clínicas y hospitales privados o del extranjero. Es decir, el sistema sanitario español garantiza una calidad mínima para todos y deja que los ricos elijan libremente el tratamiento.