Una de las consecuencias de la intervención del Gobierno con el plan de cura de nuestro sano sistema financiero aprobado ayer será que el precio de la vivienda no bajará en España, como debería hacer en una situación de sobre oferta.
Al parecer hay en España ahora unas 700 mil viviendas sin vender y a final de año habrá cerca del millón de viviendas. A una tasa de construcción que está en niveles de 2001 y con una demanda de 370 mil viviendas al año, el stock actual de viviendas no se absorberá en un plazo mínimo de 4 ó 5 años, lo cual quiere decir que el precio debería de bajar si actuaran las fuerzas del mercado. Un promotor con una gran deuda que no venda los pisos, aunque sea reduciendo drásticamente los márgenes, no podrá atender las obligaciones de su deuda con el banco y se verá forzado a suspender pagos o a dejarle las viviendas hipotecadas al banco. El banco, si quiere recuperar parte del dinero que tenía prestado al promotor para devolver las deudas que a su vez tiene con los depositantes o con otros bancos, deberá vender las viviendas aunque sea a un precio descontado, lo cual haría bajar el precio.
Pero como "el mercado no funciona", gran mantra repetido hasta la saciedad por todos los medios de comunicación, es necesario que el Estado impida su funcionamiento aún más. Ante esta amenaza, llega el Gobierno y dice, no se preocupen, señores banqueros, nosotros estamos aquí para respaldar sus activos, para impedir que ustedes pierdan dinero vendiendo activos a precios menores del valor original que ustedes hipotecaron. Y el banco podrá aguantar tiempo y tiempo los pisos hasta que recuperen el valor que tienen en sus libros.
Es decir, el Gobierno, el amigo de los pobres, el amigo de los jóvenes, impedirá que accedan a una "vivienda digna", como dice bienintencionadamente nuestra Constitución. Lamentable.
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