jueves, 11 de diciembre de 2008

Energía "subprime"

Ayer leí en el periódico que los dirigentes de la UE habían aprobado otro plan, el enésimoprimero, contra el cambio climático: un 20% de la energía consumida en 2020 será renovable. Me recordó este artículo de Gabriel Calzada en Expansión la semana pasada. Gracias al servicio de documentación de mi oficina he conseguido la versión electrónica. Sé que es un poco largo, pero si alguien está interesado en la política energética española y las consecuencias que tiene sobre nuestra economía a corto y a largo plazo, que lo lea completo y entienda el desastre.

Energía 'subprime'
Expansión. 3 de diciembre de 2008

Gabriel Calzada, Presidente del Instituto Juan de Mariana

Con frecuencia escuchamos a los especialistas decir que el problema energético de España es que el Gobierno no tiene una política energética. Recientemente fui invitado al Congreso de EEUU a contar la experiencia española en materia de intervencionismo energético y subvención a las renovables y, la verdad, mientras hablaba no podía dejar de pensar en lo equivocados que están. El problema de este país es, precisamente, que tenemos política energética en vez de un mercado libre de energía.

Cada nuevo Gobierno suma una dosis de intervencionismo sobre la montaña dejada por el anterior. Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa prometiendo "una reorientación del modelo energético, apoyado en todas las renovables y, en particular, en la energía solar". Prometió, además, en línea con esos mismos prejuicios de ecologista radical, cerrar paulatinamente las centrales nucleares. Desafortunadamente, el presidente del Gobierno ha ido cumpliendo su promesa.

Nuestro Ejecutivo se tomó más en serio que ningún otro país el objetivo europeo de lograr en 2010 el 12% de la energía fuera "renovable" y el 20% en 2020. Esta apuesta política exigió fuertes subvenciones en el precio de la electricidad salida de los huertos solares o de los molinos eólicos. En el caso de la solar se ha llegado a subvencionar su precio con un 575%, mientras que en el de la eólica el apoyo ha rondado el 100%. Por ley, los distribuidores de electricidad estaban obligados a pagar ese desorbitado sobreprecio a los dueños de estos negocios. Así, quienes estuvieron atentos, se lanzaron a por las licencias que te permitían montar chiringuitos eléctricos con rentabilidades de más del 20% anual sin riesgo alguno, organizándose listas de espera que ni en los hospitales públicos.

Con el astronómico impulso de estas subvenciones, llegó la burbuja de las renovables y las compañías españolas se convirtieron en líderes mundiales del sector. Las empresas financiaron su expansión con un gran apalancamiento, que apoyaban en los precios políticos de la electricidad que producían. Como resultado, la energía solar casi triplicará este año el objetivo del Gobierno para 2010. Las energías verdes también crearon trabajos verdes, tal y como anunciaban sus defensores. ¿Cómo no iban a hacerlo? Si nos dedicamos a tirar 800 millones de euros en un año sobre una energía que, como la solar, representa el 0,7% de la potencia instalada, por fuerza se generarán empleos. Ocurriría lo mismo lanzáramos donde lanzáramos ese dinero. Sin embargo, otros empleos serán destruidos o dejados de crear en los sectores en los que se recaudó coactivamente el dinero para financiar las renovables. Para colmo, estos empleos verdes requieren continuas subvenciones para perdurar, por lo que no sólo destruyen empleo una vez, sino que continúan haciéndolo durante todo el tiempo que se subvenciona esa energía. Además, en una economía desarrollada, en la que los salarios son relativamente altos, la forma de generar nuevos empleos es logrando combinar el factor trabajo con otros factores relativamente mucho más baratos e intensivamente utilizados como la energía o el procesamiento de información. Así se logra reducir el coste unitario de producción y se abre el mercado del producto a capas de la población que antes no consumían ese producto, generando inversión y nuevos empleos verdaderamente sostenibles.

Costes e ingresos
El precio artificialmente elevado que el distribuidor está obligado a pagarle al productor de renovables, unido a que la tarifa que paga el consumidor está artificialmente tasada por debajo del precio de mercado, provoca que las empresas eléctricas tengan con frecuencia un coste superior a los ingresos de la electricidad que venden. A esta diferencia se le conoce como déficit tarifario. Para que el sistema no se paralice con esta descabellada idea de elevar los costes y limitar los ingresos de la producción energética, el Gobierno reconoce esa deuda de las eléctricas y se compromete a que lo puedan recuperar en los próximos años a través de incrementos en la tarifa eléctrica. Esa garantía ha servido a las eléctricas para titulizar la deuda y venderla. En esta empanada, el Gobierno engaña al ciudadano con tarifas eléctricas artificialmente bajas, mientras le promete al suministrador eléctrico que, tarde o temprano, obligará a los consumidores a que paguen el enorme coste de la subvención a las renovables y otras medidas de intervencionismo energético.

A día de hoy, ese déficit provocado por la absurda idea de que los políticos pueden proveernos la energía mejor y más económicamente que el mercado casi suma 16.000 millones de euros, de los que unos dos tercios se deben a las primas a las energías renovables. Tan sólo este año, la subvención de las renovables ha añadido 3.000 millones al total del déficit tarifario acumulado. Para colmo, en el contexto de la actual crisis financiera resulta que ni siquiera la Comisión Nacional de la Energía (CNE) es capaz de colocar el déficit tarifario en el mercado crediticio y las eléctricas están desesperadas viendo lo que les cuesta refinanciar ese déficit. En estas circunstancias, las principales compañías eléctricas han declarado que tendrán que dejar de realizar inversiones anuales por valor de 4.500 millones de euros, lo que, a su vez, estrechará aún más el cuello de botella energético que la estulticia política ha provocado en este país.

Con este panorama, nada tiene de extraño que Miguel Sebastián afirmara recientemente que estas energías son "limpias" pero "muy costosas" o que la subida de la electricidad del 5,7% que se efectuó en mayo equivale a la subvención en el precio de las renovables durante este año. La CNE, por su parte, recomendó una subida del 31% en el precio de la electricidad para poder mantener el modelo sin cambios. La insostenibilidad de este esquema se ha hecho cada día más evidente. Ante semejante peregrinaje hacia la bancarrota del sistema eléctrico, el Gobierno no ha tenido otro remedio que moderar un poco subvención de la tarifa solar, reduciéndola en un 30%. Inmediatamente, la Asociación Empresarial Fotovoltaica anunció el despido de unos 40.000 empleados. A estos empleos verdes e insostenibles deberían llamarlos empleos basura, porque sólo se mantienen en base a la generación de expectativas de un crecimiento imposible. La realidad es que este sector casi no genera empleos estables. No sólo los empleos son insostenibles. Desde que el Gobierno anunciara la rebaja en la subvención del precio de su electricidad, las cotizaciones de los gigantes renovables españoles han caído en picado, más aún que el índice general de la bolsa.

Dependencia energética
España, como es sabido, tiene uno de los déficit exteriores más grandes del mundo, dos tercios de los cuales se deben a la compra de petróleo. Bajo el actual credit crunch, España tiene dos opciones para tratar de restablecer el mercado crediticio: incrementar sus exportaciones o disminuir su dependencia energética. Sin embargo, la ineficiencia de las inversiones en renovables está impidiendo a España realizar inversiones en producción energética nacional sostenible que ayuden a reducir esa dependencia energética del exterior.

Parece que, por fin, el Gobierno se ha dado cuenta del lío energético en el que nos ha metido y está meditando si permitir la energía nuclear. Parece que incluso en los políticos es cierto eso de que la crisis agudiza el ingenio, aunque para esto no hacía falta ser lumbrera. Como era de esperar el lobby ecologista se ha lanzado inmediatamente a bloquear Garoña, cargados de mentiras en una de esas acciones gamberras que provocan cada día más rechazo social y menos simpatía. Esta vez les ha dado corte sacar a pasear al falso pez mutante que zarandearon hace un par de años y se han conformado con decir que la energía nuclear no es competitiva y que su producción es muy peligrosa. Si de verdad no es competitiva la nuclear, ¿por qué no dejan que compita con las demás en un mercado sin subvenciones? Por fortuna, a estos radicales cada día les cree menos gente.

Por desgracia, en este país sí hay política energética. Una política que incrementa el gasto público, que orienta el ahorro hacia formas de energía ineficiente, que mantiene endeudadas a las eléctricas más eficientes, que pone en peligro la inversión en nuevas instalaciones, que produce trabajo insostenible, que hace perder competitividad a toda la industria española y que impulsa el déficit exterior. ¿Para cuándo un libre mercado energético en el que los consumidores podamos sustituir esta energía subprime que nos han impuesto los políticos, los ecologistas radicales y los buscadores de rentas por el mix sostenible que mejor nos parezca para cada circunstancia y lugar?