Leo en el WSJ un artículo sobre la situación financiera de Grecia en la que hay una referencia al caso español:
When Spanish Finance Minister Elena Salgado said Thursday that her country’s situation isn’t like that of Greece, her words seem to have prompted investors to wonder why she might think the comparison could be made.
The problem is once again governability. Spain’s central government–excluding the state’s social security administration–directly controls less than a third of public-sector spending. The government can only set broad guidelines for the regional and municipal administrations that control the rest, making it more difficult to implement fiscal policy.
To cut its deficit, the government therefore needs the support of regions that are governed by its opponents. That hasn’t proved easy–Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero failed in an attempt to broker an agreement at a December meeting with regional leaders over anti-crisis measures, including steps to control spending.
Reducir el gasto público español no está en manos del Gobierno, por gracia de la configuración del Estado, con las Comunidades Autónomas como los grandes responsables del gasto. Efectivamente, el gasto público no se puede reducir sin el compromiso de las CC.AA. Pero yerra el WSJ al decir que son las de los oponentes las que no apoyan al Gobierno en la reducción del gasto. Más bien son las Comunidades gobernadas por los socialistas las que no controlan el gasto.
Por otro lado, oigo hablar de los sacrificios inminentes que los españoles vamos a tener que hacer para arreglar el desaguisado financiero y competitivo en el que estamos metidos. Yo, antes de hacer ningún sacrificio adicional al que ya hago pagando más de la mitad de mi renta a Hacienda, exigiría una serie de medidas:
1. Hacer que todos los contribuyentes paguen los impuestos que les corresponden. Es sabido que en España sólo pagamos impuestos los asalariados.
2. Reforma constitucional para eliminar el poder de las CC.AA., poniendo límites de gasto y de deuda tanto a las autonomías, a los ayuntamientos y al Estado Central.
3. Cambio del sistema electoral para acabar con el poder de los partidos políticos.
4. Endurecimiento de las penas por corrupción.
5. Independencia de la Justicia del poder político.
6. Dimisión de los líderes de las cúpulas de los dos principales partidos, reconocimiento por parte de los dos de su tremenda culpa en la situación actual.
7. Limitación del gasto público a un porcentaje del PIB que no exceda el 30%. Reconfiguración de todos los servicios prestados actualmente por el Estado para hacerlos más eficientes.
8. Eliminación de todas las subvenciones a organizaciones sociales privadas como sindicatos, ONG's y demás "chupadores" del Estado.
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