Por mucho que clame Zapatero contra el mercado, como si fuera una persona en particular y no el resultado del comportamiento de decenas, cientos o miles de personas, la realidad es que España tiene, desde hace años, un tremendo problema de competitividad que es el que nos ha llevado a donde estamos ahora. No sólo es el reventón de la burbuja inmobiliaria. Eso sólo ha agravado nuestra situación.
La salida de la crisis va a ser tan difícil. España necesita una reconversión completa que no es rápida. Necesitamos encontrar nuestro lugar competitivo en el mundo y no está fácil cuando llevamos décadas compitiendo con unos costes de producción más bajos que el resto de países de Europa (un 80% de nuestro comercio exterior). Ahora, sin la posibilidad de devaluar la peseta, sólo nos queda, a corto plazo la reducción de los costes de producción vía mejora de la productividad, reducción de costes salariales o mejora de nuestra capacidad de innovación.
La situación la explica bien Nouriel Roubini en un artículo hoy en Expansión hablando de los PIIGS:
La mayoría de estas economías sufría una pérdida de sus mercados exportadores a manos de Asia, con sus bajos salarios. Una década de crecimiento salarial que superó las ganancias de productividad condujo a una apreciación real, a la pérdida de competitividad y a grandes déficits por cuenta corriente. En España e Irlanda, el boom inmobiliario exacerbó los desequilibrios externos al reducir la tasa de ahorro nacional, inflar el consumo y fomentar la inversión residencial. Y la apreciación del euro en los últimos años –impulsada en parte por la política monetaria excesivamente ceñida del Banco Central Europeo– fue el clavo final en el ataúd de la competitividad. En consecuencia, restablecer la competitividad, no sólo el ajuste fiscal, es necesario para reanimar el crecimiento sostenido. Existen sólo tres maneras de lograrlo. Una década de deflación funcionaría, pero estaría acompañada por una estagnación económica, volviéndose así –como sucedió en Argentina a principios de esta década– políticamente insostenible, con el resultado de una devaluación (salida del euro) e incumplimiento de pago. Acelerar las reformas estructurales para aumentar la productividad controlando al mismo tiempo el crecimiento de los salarios públicos y privados es la estrategia correcta, pero, igual que antes, resulta políticamente difícil de implementar.
La salida de la crisis va a ser tan difícil. España necesita una reconversión completa que no es rápida. Necesitamos encontrar nuestro lugar competitivo en el mundo y no está fácil cuando llevamos décadas compitiendo con unos costes de producción más bajos que el resto de países de Europa (un 80% de nuestro comercio exterior). Ahora, sin la posibilidad de devaluar la peseta, sólo nos queda, a corto plazo la reducción de los costes de producción vía mejora de la productividad, reducción de costes salariales o mejora de nuestra capacidad de innovación.
La situación la explica bien Nouriel Roubini en un artículo hoy en Expansión hablando de los PIIGS:
La mayoría de estas economías sufría una pérdida de sus mercados exportadores a manos de Asia, con sus bajos salarios. Una década de crecimiento salarial que superó las ganancias de productividad condujo a una apreciación real, a la pérdida de competitividad y a grandes déficits por cuenta corriente. En España e Irlanda, el boom inmobiliario exacerbó los desequilibrios externos al reducir la tasa de ahorro nacional, inflar el consumo y fomentar la inversión residencial. Y la apreciación del euro en los últimos años –impulsada en parte por la política monetaria excesivamente ceñida del Banco Central Europeo– fue el clavo final en el ataúd de la competitividad. En consecuencia, restablecer la competitividad, no sólo el ajuste fiscal, es necesario para reanimar el crecimiento sostenido. Existen sólo tres maneras de lograrlo. Una década de deflación funcionaría, pero estaría acompañada por una estagnación económica, volviéndose así –como sucedió en Argentina a principios de esta década– políticamente insostenible, con el resultado de una devaluación (salida del euro) e incumplimiento de pago. Acelerar las reformas estructurales para aumentar la productividad controlando al mismo tiempo el crecimiento de los salarios públicos y privados es la estrategia correcta, pero, igual que antes, resulta políticamente difícil de implementar.
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