domingo, 24 de junio de 2007

Relato de la indignidad (I)


Hace un par de semanas, si mal no recuerdo, escribía una entrada que se llamaba Periodismo preventivo en el que me preguntaba por qué El País daba tantos detalles de las negociaciones del Gobierno con ETA. Ahora está claro. Esta semana ha sido prolífica en revelaciones por parte de ETA a través de su órgano periodístico, Gara.

Lo que se cuenta en esta serie de reportajes es realmente inaudito por los niveles de indignidad y de renuncia a los que ha llegado el Gobierno español.

Me he metido en la boca del lobo, el diario Gara, para leer de primera mano estas crónicas negras de nuestro más reciente pasado. Crónicas que serán visitadas por los historiadores cuando indaguen en el futuro sobre estos aciagos años de infamia y felonía.

Será largo y repugnante, pero leerlo ayuda a entender quién nos gobierna

Reportaje de 21 de junio:

En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.

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Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.

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El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.

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A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».

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Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».

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Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».

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El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».

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ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico.

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Luego vienen las diferentes propuestas de resolución que se negociaron. Desde luego, tienen bastantes indicios de verosimilitud estas crónicas. Y a falta de un desmentido o información por parte del Gobierno, aparte de decir que no se puede creer a ETA, es lo único que tenemos.


Hoy, depués de leer esto, creo que Rajoy debe preguntar a Zapatero qué ha negociado y que fuerce una explicación de éste sobre los términos de la negociación. Mucho se critica la metedura de pata de Aznar cuando dijo lo del MLNV, pero esto es mucho peor.


Federico Quevedo en elconfidencial.com hace una buena crítica. Y Rosa Díez, como siempre.


Seguiré colgando más para que todos nos acordamos de quién es Zapatero.