martes, 4 de diciembre de 2007

La Justicia, al servicio del Gobierno


Ahora, según El País, el Gobierno se está planteando ilegalizar los partidos continuadores de Batasuna, ANV y PCTV. La razón es que no condenan el asesinato del guardia civil. En mi opinión esta es una mentira con la que se quiere engañar a la gente. La ilegalización de Batasuna no tiene nada que ver con la condena de los atentados, sino con su papel como extensión y colaborador de ETA. No es su opinión ni sus declaraciones lo que se juzga, sino su actuación como organización terrorista.


Por tanto, las razones que pueden existir para su ilegalización ahora son las mismas que las que existían hace una semana. Pero no aparece la cuestión así ante la opinión pública. La cuestión aparece como si por mor del asesinato se hubiera disparado el celo acusador del fiscal y no por que existan causas objetivas. Pues bien, a mí esto me parece un escándalo que merma la seguridad jurídica de los ciudadanos sean políticos pro-terroristas (como ANV o PCTV que deberían haber sido ilegalizados antes) o sean víctimas del terrorismo, ya que es el Gobierno en función de sus propias circunstancias (de conveniencia electoral en este caso) quien decide si se insta la ilegalización o no.


Esto es más grave si cabe cuando, según sentencia del Supremo de ayer, cualquier causa no instada por la fiscalía o por la parte perjudicada no puede prosperar. Esto implica que los ciudadanos, mediante la acusación popular, no podrán sostener una acusación en solitario contra nadie. En la práctica, que sin el concurso del fiscal, nadie puede ser juzgado.


Si combinamos esto con lo anterior, está claro que estamos expuestos a que el Gobierno maneje la instancia judicial a su antojo y no cuando la ley obligue.