sábado, 28 de julio de 2007

Secuelas de la viñeta


Dos artículos sobre el caso de la viñeta satírica han llamado mi atención.


La viñeta, de David Gistau en El Mundo


En ocasiones, 'Zetapé' da unas pruebas de astucia que desmontan el mito del jipi fundador de una tontocracia. El último ejemplo ha sido el del caso El jueves. En todo lo que hace, al fiscal general del Estado le ocurre lo que a Macario: se le ve la mano del ventrílocuo que le han metido por detrás.Tratándose del hombre que justifica detenciones políticas por la acusación de "vociferantes" y que moldea su concepto de la lucha antiterrorista en función de lo que conviene al Gobierno, cabe deducir que el secuestro del número de El jueves en cuya portada aparecía una viñeta de los Príncipes de Asturias yogando ocurrió porque interesó a Moncloa. Y no porque al Gobierno se le antojara obligado intervenir para proteger a la Institución del ataque de un humorista que de todas formas iba a pasar casi desapercibido. Todo lo contrario: el Gobierno intervino para asegurarse de que la viñeta no iba a pasar desapercibida y, con la explosión del escándalo, instalar en la sociedad el debate antimonárquico.Asumió incluso el riesgo de pasar por censor porque no ignora que, en estos casos, un Gobierno de izquierdas está protegido por el doble rasero y todo le será disculpado, incluso un ataque a la libertad de expresión que de cometerlo un Aznar ya estaríamos con que vuelven los asesinos de Lorca (ver caso Rubianes). [...]La monarquía es inatacable en el eslabón juancarlista. Por eso el Rey está fuera de la riña mientras no ejecute demasiados osos borrachos. Pero el tiempo pasa. Y Felipe no sólo carece del pedigrí del pijama debajo del uniforme, sino que está condenado por una aureola de pijerío subvencionado que termina de convertirlo en un blanco fácil. En la grieta en el muro que ha sido detectada para cargar sobre él todo el debate antimonárquico. La intervención desde la oscuridad del Gobierno en el secuestro de la revista El jueves contribuye a alimentar ese debate. Que la repercusión de la viñeta haya alcanzado proporciones universales no es un daño colateral. Es precisamente de lo que se trataba. Para ello le movieron a Conde-Pumpido la mano que le entra por detrás.


Juicio de intenciones, de Herman Tertsch en ABC



Los defensores del secuestro de la revista «El Jueves» a iniciativa del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido -entre ellos el director de ABC, ayer, en la Tercera- tienen sin duda razón cuando aseguran que hay sólidos fundamentos jurídicos que justifican la medida. Los han explicado muy bien. Han argumentado impecablemente todos ellos que criticar la medida por los efectos perniciosos que la aplicación de la ley pudiera provocar es una grave perversión del concepto que hemos de tener del respeto a la ley. Estoy absolutamente de acuerdo. Incluso después de haber visto los explosivos efectos en la difusión de la injuria que ha tenido esta vertiginosa reacción de un fiscal general del Estado tan dormitante en tantos otros casos en los que la opinión pública y el Estado de Derecho exigían de él un cierto celo en la persecución de la apología del terrorismo u otras actividades delictivas de diversos interlocutores terroristas de su adorado y adulado presidente del Gobierno. No podemos criticar que alguien cumpla con su deber por mucho que recordemos cuántas veces no lo ha hecho y cuánto ha defendido precisamente consideraciones sobre pertinencias políticas de la aplicación de la ley.
Y sin embargo, me van a permitir hoy que haga uno de esos juicios de intenciones tan desacreditados a la hora del análisis de la realidad nacional. Espero me perdonen ustedes si les confieso mi profunda convicción de que el secuestro de la revista es tan poco inocente como la caricatura misma y que la difusión planetaria de la viñeta injuriosa y su mensaje explícito e implícito es un efecto deseado. Para los que creían que esa revista había dejado de existir hace años, la mayor sorpresa no ha sido saber de su subsistencia marginal, sino el comprobar que el por lo demás despistado fiscal es un lector de la misma o al menos un avisado conocedor de sus contenidos.
El «animus iniurandi» del triste cutrerío de la revista de marras es evidente. Pero nadie debería dudar tampoco del de aquéllos que gracias al insólito celo de Conde-Pumpido han podido levantar ya para toda la prensa nacional e internacional una veda ya semiabierta en medios cercanos al Gobierno socialista contra los miembros de una de las pocas instituciones medianamente sólidas tras tres años y medio de legislatura zapateril. Grave no es ya una caricatura obscena sobre los Príncipes o las tan frecuentes sobre Cristo o sobre Dios, en una revista que en su día publicó una viñeta en la que el dibujante reconocía no pintar una caricatura de Mahoma por «cagarse de miedo». Los dibujos y las expresiones de la viñeta «no eran necesarios, por su grosería, para el mensaje», dice el fiscal general. Lo malo, señor fiscal, no es la grosería que a esa revista se le presupone. Es el mensaje. Por eso, preocupante resulta lo muy plausible que es la sospecha de que la intervención correcta del Estado de Derecho sólo se ha producido con intención de debilitar a uno de sus propias instituciones.
Más allá de la hipocresía de esos defensores del secuestro que se hubieran lanzado a la calle a defender «la libertad de expresión contra el fascismo» si esta medida la hubiera tomado un Gobierno no socialista, nadie que haya seguido la trayectoria de este fiscal general puede creerse seriamente que tome tal iniciativa sin consultarla con su amo político. Para la ofensiva radical que los socialistas diseñan para movilizar de nuevo a quienes sacaron a votar con la agitación previa al 14-M, nada mejor que la caricatura bolchevique del zarevich lujurioso y vago en su «mansión», agravio constante para los jóvenes sin vivienda, víctimas del «brutal sistema» y «liberalismo salvaje» (neoministra Carmen Chacón dixit).
Puede resultar una injusticia acusar a alguien de actuar correctamente. Lo malo es que resulte sospechoso que lo haga y que tantos españoles estén convencidos de que lo han hecho con intención -perfectamente cumplida- de perjudicar a quien aseguran defender.