Operación Pandemia

Interesante vídeo sobre el montaje de la gripe A

Gran Hermano - Club Bilderberg (II)

En alguna ocasión he hablado del Club Bilderberg. Según un periodista llamado Daniel Estulin, de origen ruso, es un club de gente poderosa que se reúne periódicamente para "decidir" políticas que permitan implantar un ideal humano. Tiene un libro que se llama La verdadera historia del Club Bilderberg en el que detalla cómo funciona el club y los fines que persigue. Son miembros del club políticos, dueños de medios de comunicación, empresarios de grandes corporaciones, gente poderosa en suma.

Una de las tesis del libro es que el club impulsa políticas que permitan controlar a la población, en parte, mediante la implantación de tecnologías de control. Cita por ejemplo el intento de poner chips de localización a las personas. Para ello hace pruebas como que en una zona se empiezan a producir secuestros de niños de forma repetida a la vez que se anuncia la aparición de tecnologías de localización mediante chips implantados por debajo de la piel. Algunos padres, asustados por la posibilidad de que sus hijos sean secuestrados, implantarán a sus hijos el chip para ser capaces de localizarlos en caso de secuestro. Esos niños, convertidos en adultos, no temerán tener un chip de localización implantado bajo la piel y serán carne de esclavos en el futuro, al estilo del mundo feliz de Huxley o del 1984 de Orwell, también citados en este blog.

Bien, dicho esto, la lectura del libro provoca una paranoia importante sobre las intenciones controladoras del Estado. Leo en Cinco Días esta noticia y no me digan si no invita a la paranoia. Durante 13 años nada menos va a tener el Estado los datos de nuestros viajes. Para protegernos, ¿de quién? ¿De los moritos de Lavapiés? Sólo confío en la incompetencia de los funcionarios.

Las aerolíneas deberán guardar 13 años los datos sensibles de cada pasajero

Cinco Días, 06/11/2007

Nuevas medidas antiterroristas de la UE

Las aerolíneas deberán conservar durante 13 años 19 datos de identificación por cada pasajero que llegue o deje la Unión Europea en un vuelo internacional. Bruselas aspira con esta propuesta, que se aprueba hoy, a mejorar la lucha antiterrorista en el sector aéreo.
Lo que comenzó como una incómoda exigencia de EE UU tras el 11 de septiembre puede convertirse próximamente en un imperativo legal para todas las líneas aéreas que operan vuelos internacionales en la Unión Europea. Bruselas tiene previsto aprobar hoy un proyecto de decisión marco que obligará a las compañías a comunicar a las autoridades de su Estado la batería de datos personales recogidos en el llamado Passenger Name Record (PNR), un listado que refleja no sólo los datos de identificación del pasajero sino también sus hábitos como viajero, la información disponible sobre su equipaje o el sistema de pago del billete.
En total, el proyecto de decisión señala 19 datos para todos los pasajeros y cinco más, para los menores de 18 años que viajen solos. Las aerolíneas deberán poner a disposición de las autoridades inmediatamente después de cerrarse cada vuelo. Pero se les podrá exigir también 24 horas antes del vuelo si existe una amenaza terrorista concreta. La propuesta, que deberá ser negociada con los 27 países de la UE, contempla la obligación de conservar esos datos durante un periodo de 13 años. Los cinco primeros, estarán a disposición de las autoridades siempre que lo soliciten. Los ocho años siguientes, sólo se podrá acceder a ellos "en circunstancias excepcionales", es decir, cuando exista una "amenaza concreta relacionada con la prevención o el combate de atentados terroristas y del crimen organizado". La iniciativa cuenta con la oposición del grupo de expertos de la UE sobre protección de datos, que la considera "innecesaria". Y la organización no gubernamental Statewatch, especializada en libertades civiles, describe la propuesta como "otra medida más para poner a cada persona bajo vigilancia y convertirla en sospechosa sin que sepa exactamente cómo y quién utiliza sus datos y cómo se procesan". El departamento comunitario de Justicia, Libertad y Seguridad, que dirige el comisario Franco Frattini, subraya, sin embargo, que las autoridades ya pueden en esos momentos obtener los datos contenidos en el PNR de cada pasajero. "Les basta", dicen, "con mirar el billete y la tarjeta que deben rellenar los viajeros para entregar en control de pasaportes". El departamento de Frattini cree que la ventaja de la propuesta radica en que los datos llegarán a las autoridades por vía electrónica y mucho antes del aterrizaje del avión. La CE también recuerda que en estos momentos las aerolíneas ya recogen y transmiten el llamado API (Advance Passenger Information), aunque reconoce que en ese caso se trata sólo de información "biográfica" y, por lo tanto, sólo permite identificar a terroristas o delincuentes ya conocidos. Los datos del PNR, en cambio, "son un instrumento muy importante para llevar a cabo evaluaciones de riesgo de los pasajeros (...) y establecer vínculos entre personajes conocidos y otros desconocidos".

Gran Hermano

No es el programa de TV, sino un émulo del omnipresente personaje de la novela 1984 de George Orwell, el Sistema que todo lo veía y que todo lo escuchaba, el totalitarismo perfecto. En realidad, más perfecto era el imaginado por Aldous Huxley en Un mundo feliz, pues en éste, a diferencia del primero, las personas se sometían voluntariamente a la dictadura a cambio de la "felicidad" que proporcionaba estar dentro del sistema. En el mundo orwelliano, salirse del sistema, en sí mismo una pesadilla, era mucho peor y conducía con seguridad a la tortura, si había suerte, a la reeducación, si no, a la muerte. Orwell, escarmentado del totalitarismo que vio en la Unión Soviética, puso al descubierto los métodos salvajes a los que se sometía a los súbditos de aquella dictadura.

Huxley, puso las bases del totalitarismo democrático. Aquél en el que las personas creen que deciden, aunque en realidad todo está manejado por un "suprapoder" que educaba a las personas con la hipnopedia, realizaba una perfecta segmentación de individuos para las diferentes tareas requeridas en la sociedad mediante una adecuada selección genética, distraía los tiempos libres con continuas fiestas o acontecimientos deportivos y eliminaba el dolor.

Esta introducción viene a cuento de un artículo que leí en el International Herald Tribune en agosto y que reproduzco a continuación. Para los que no lo quieran leer entero, el resumen es que el gobierno chino tiene planes de desarrollar un programa para controlar a sus ciudadanos aplicando tecnologías avanzadas al trabajo policial.

Lo que dice, en resumen, es que se están instalando 20.000 cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento del rostro para luchar contra el crimen, que en Shenzhen van a expedir tarjetas de residencia a 12,4 millones de habitantes con potentes chips que contendrán información del individuo con la historia laboral, el nivel de graduación académico, la religión que profesa, su seguro médico, etc. Según el corresponsal de NYT en China el gobierno chino ha decidido aplicar la tecnología al trabajo de la policía y expedir 150 millones de tarjetas a las personas que se han mudado a alguna ciudad pero aún no tienen una residencia permanente. El control total. ¿Alguien se creía que el Partido Comunista Chino iba a dejar algún cabo suelto? Es de sobra conocido que el desarrollo económico produce que la gente se preocupe de otras cosas como la política y eso puede ser letal para el Partido.

Seguramente los fabricantes y las consultoras de tecnología se frotarán las manos con la cantidad de grandes proyectos que se podrán hacer para extender esta tecnología a todo el mundo y la cantidad de dinero que van a ganar. Nos estarán metiendo a todos en la boca del verdadero Leviatán.

Sostengo que el DNI electrónico que está implantando Rubalcaba, recibido con alegría por los gigantones del baloncesto, es lo mismo, pero poco a poco. Lo único bueno es que, siendo españoles, tardará en funcionar y luego se les perderán los datos.

La lectura de este tipo de noticias me produce una verdadera paranoia y no dejo de ver fantasmas controladores en todas partes. Me pasó cuando leí el libro de Daniel Estulin La verdadera historia del Club Bilderberg, pero esto es para otro día.

La fotografía se la saqué a un soldado chino, que no quería que le fotografiaran el rostro, como se puede apreciar.

Aquí la noticia completa.
SHENZHEN, China, Aug. 9 — At least 20,000 police surveillance cameras are being installed along streets here in southern China and will soon be guided by sophisticated computer software from an American-financed company to recognize automatically the faces of police suspects and detect unusual activity.

Starting this month in a port neighborhood and then spreading across Shenzhen, a city of 12.4 million people, residency cards fitted with powerful computer chips programmed by the same company will be issued to most citizens.
Data on the chip will include not just the citizen’s name and address but also work history, educational background, religion, ethnicity, police record, medical insurance status and landlord’s phone number. Even personal reproductive history will be included, for enforcement of China’s controversial “one child” policy. Plans are being studied to add credit histories, subway travel payments and small purchases charged to the card.
Security experts describe China’s plans as the world’s largest effort to meld cutting-edge computer technology with police work to track the activities of a population and fight crime. But they say the technology can be used to violate civil rights.
The Chinese government has ordered all large cities to apply technology to police work and to issue high-tech residency cards to 150 million people who have moved to a city but not yet acquired permanent residency.
Both steps are officially aimed at fighting crime and developing better controls on an increasingly mobile population, including the nearly 10 million peasants who move to big cities each year. But they could also help the Communist Party retain power by maintaining tight controls on an increasingly prosperous population at a time when street protests are becoming more common.
“If they do not get the permanent card, they cannot live here, they cannot get government benefits, and that is a way for the government to control the population in the future,” said Michael Lin, the vice president for investor relations at China Public Security Technology, the company providing the technology.
Incorporated in Florida, China Public Security has raised much of the money to develop its technology from two investment funds in Plano, Tex., Pinnacle Fund and Pinnacle China Fund. Three investment banks — Roth Capital Partners in Newport Beach, Calif.; Oppenheimer & Company in New York; and First Asia Finance Group of Hong Kong — helped raise the money.
Shenzhen, a computer manufacturing center next to Hong Kong, is the first Chinese city to introduce the new residency cards. It is also taking the lead in China in the large-scale use of law enforcement surveillance cameras — a tactic that would have drawn international criticism in the years after the Tiananmen Square killings in 1989.
But rising fears of terrorism have lessened public hostility to surveillance cameras in the West. This has been particularly true in Britain, where the police already install the cameras widely on lamp poles and in subway stations and are developing face recognition software as well.
New York police announced last month that they would install more than 100 security cameras to monitor license plates in Lower Manhattan by the end of the year. Police officials also said they hoped to obtain financing to establish links to 3,000 public and private cameras in the area by the end of next year; no decision has been made on whether face recognition technology has become reliable enough to use without the risk of false arrests.
Shenzhen already has 180,000 indoor and outdoor closed-circuit television cameras owned by businesses and government agencies, and the police will have the right to link them on request into the same system as the 20,000 police cameras, according to China Public Security.
Some civil rights activists contend that the cameras in China and Britain are a violation of the right of privacy contained in the International Covenant on Civil and Political Rights.
Large-scale surveillance in China is more threatening than surveillance in Britain, they said when told of Shenzhen’s plans.
“I don’t think they are remotely comparable, and even in Britain it’s quite controversial,” said Dinah PoKempner, the general counsel of Human Rights Watch in New York. China has fewer limits on police power, fewer restrictions on how government agencies use the information they gather and fewer legal protections for those suspected of crime, she noted.







While most countries issue identity cards, and many gather a lot of information about citizens, China also appears poised to go much further in putting personal information on identity cards, Ms. PoKempner added.

Every police officer in Shenzhen now carries global positioning satellite equipment on his or her belt. This allows senior police officers to direct their movements on large, high-resolution maps of the city that China Public Security has produced using software that runs on the Microsoft Windows operating system.
“We have a very good relationship with U.S. companies like I.B.M., Cisco, H.P., Dell,” said Robin Huang, the chief operating officer of China Public Security. “All of these U.S. companies work with us to build our system together.”
The role of American companies in helping Chinese security forces has periodically been controversial in the United States. Executives from Yahoo, Google, Microsoft and Cisco Systems testified in February 2006 at a Congressional hearing called to review whether they had deliberately designed their systems to help the Chinese state muzzle dissidents on the Internet; they denied having done so.
China Public Security proudly displays in its boardroom a certificate from I.B.M. labeling it as a partner. But Mr. Huang said that China Public Security had developed its own computer programs in China and that its suppliers had sent equipment that was not specially tailored for law enforcement purposes.
The company uses servers manufactured by Huawei Technologies of China for its own operations. But China Public Security needs to develop programs that run on I.B.M., Cisco and Hewlett-Packard servers because some Chinese police agencies have already bought these models, Mr. Huang said.
Mr. Lin said he had refrained from some transactions with the Chinese government because he is the chief executive of a company incorporated in the United States. “Of course our projects could be used by the military, but because it’s politically sensitive, I don’t want to do it,” he said.
Western security experts have suspected for several years that Chinese security agencies could track individuals based on the location of their cellphones, and the Shenzhen police tracking system confirms this.
When a police officer goes indoors and cannot receive a global positioning signal from satellites overhead, the system tracks the location of the officer’s cellphone, based on the three nearest cellphone towers. Mr. Huang used a real-time connection to local police dispatchers’ computers to show a detailed computer map of a Shenzhen district and the precise location of each of the 92 patrolling officers, represented by caricatures of officers in blue uniforms and the routes they had traveled in the last hour.
All Chinese citizens are required to carry national identity cards with very simple computer chips embedded, providing little more than the citizen’s name and date of birth. Since imperial times, a principal technique of social control has been for local government agencies to keep detailed records on every resident.
The system worked as long as most people spent their entire lives in their hometowns. But as ever more Chinese move in search of work, the system has eroded. This has made it easier for criminals and dissidents alike to hide from police, and it has raised questions about whether dissatisfied migrant workers could organize political protests without the knowledge of police.
Little more than a collection of duck and rice farms until the late 1970s, Shenzhen now has 10.55 million migrants from elsewhere in China, who will receive the new cards, and 1.87 million permanent residents, who will not receive cards because local agencies already have files on them. Shenzhen’s red-light districts have a nationwide reputation for murders and other crimes.